Archivo por días: diciembre 3, 2009

El horror de un error

La bestial ofensiva del mercado en los últimos 30 años no deja ya dudas sobre el acierto de quienes asociaron las características del mercado con la pérdida de las libertades civiles y la vil sumisión de los Estados a los intereses económicos mas abyectos y oscuros, con la consiguiente desaparición del Estado de derecho, de modo que la vida se iría disipando en los circuitos de la mercancía, la sociedad escenificando sus miserias en las grandes superficies comerciales y el individuo convirtiéndose en un obligado consumidor de novedades inútiles, clonándose a sí mismas, absorbiéndole en una fuga acelerada hacia ninguna parte.

La aparición de internet hizo pensar a algunos/as que, al menos, se generaba un espacio virtual en el que se podrían ejercer las libertades -aunque sólo fueran virtuales- y reinventar a través de las redes sociales, por ejemplo, la vida comunitaria, también virtual, (proscrita ya de la cultura, de las calles y de los propios «hogares»). Creían poder conservar el inofensivo derecho a intercambiar sus libros con sus amigos y amigas, su música preferida, sus jugetes, simplemente por compartir; o con desconocidos/as que manifestaban los mismos gustos, para hacer nuevos amigos/as, como se había hecho desde siempre.

Ángeles González-Sinde, Ministra de Cultura, ha venido a sacarles, con horror, de su error.

Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de Internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, <em>bloggers</em>, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.  La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.